La consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, no ha dejado resquicio a la duda. Hace escasos minutos ha asegurado, en referencia a la investigación que ella misma ordenó ayer a la Policía de la Generalitat sobre el brote de covid-19 en el colegio mayor Galileo Galilei de València, que la empresa propietaria de la residencia también está bajo investigación, tal como adelantó ayer Levante-EMV, para determinar “su responsabilidad de tolerar fiestas que suponen aglomeraciones donde no se cumplen las medidas de seguridad”.
