Las cifras corroboran lo que muchos expertos ya temían. La época de confinamiento para evitar la expansión de la Covid-19 se ha traducido en un incremento de los casos de violencia de género, al menos en la Ribera. Los tres partidos judiciales de la comarca registraron en el segundo trimestre de este año un 25,7 % más de asuntos por agresiones, vejaciones y otros delitos contra las mujeres que en el mismo periodo de 2019.

Ya en abril, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial apuntaba que el encierro domiciliario obligatorio era un factor que podía incrementar el riesgo de agresión. También la ONU presagiaba un posible repunte de la violencia machista. Y la OMS no tenía ninguna duda de que, durante periodos de emergencias, como es el caso de una epidemia, aumenta la probabilidad de que las mujeres (y también los hijos, en caso de que los hubiere) estén expuestos a situaciones de violencia.

La alerta sanitaria tenía claros efectos en la población como es el estrés adicional que provocaba pasar más tiempo con los miembros de la familia, el temor a las consecuencias económicas y laborales o la imposibilidad de contar con el apoyo y protección de otros amigos o familiares. Todo ello ponía a la mujer en un estado que los expertos no dudaron en calificar de «especial vulerabilidad». El caldo de cultivo era perfecto para que se produjesen acciones violentas y, precisamente por ello, el Gobierno elaboró, incluso, un Plan de Contingencia contra la violencia de género. Solo entre el 14 de marzo y el 15 de mayo, el número de teléfono 016, que atiende a todo el Estado, recibió 16.518 llamadas, cinco mil más que durante el mismo periodo del pasado año.

Pese a ello, por aquel entonces, los jueces no tenían claro del todo que el confinamiento se tradujese, finalmente, en un incremento de denuncias. No en balde, el encierro se planteaba como un obstáculo enorme a la hora de poder presentarlas ante la justicia. Nada más lejos de la realidad, al menos en lo que se refiere a la actividad judicial en la comarca.

A lo largo del segundo trimestre del año, en los juzgados de los tres partidos de la Ribera ingresaron 353 delitos de violencia de género, lo que supone un incremento de más del 25 % con respecto al mismo periodo del año pasado, en el que se registraron 262. Significa, además, un aumento si se compara con las registradas en el primer trimestre del año (286). Salta a la vista, pues, que el confinamiento sí se ha traducido en más infracciones de componente machista. El balance, por contra, difiere de la tendencia general ya que en el conjunto de la Comunitat Valenciana se registraron 4.958 denuncias, un 15,2 por ciento menos que las 5.850 contabilizadas en el mismo periodo de 2019.

Centrando el foco de la comparación en los partidos judiciales, todos han experimentado un aumento de delitos con respecto a 2019. La estadística oficial atribuye treinta a la zona de Alzira. De estos, se contabilizaron quince por lesiones y malos tratos y otros quince quebrantamientos de medidas de protección de la víctima. Mayor es la cifra en el partido judicial de Carlet, en el que según los datos del TSJ se produjeron 130 delitos, incluido un homicidio. Se contabilizaron, asimismo, 62 casos de lesiones y malos tratos, 40 quebrantamientos de penas y otros 22 de medidas y otros cinco asuntos sin calificación concreta. Además, esos 130 suponen una cifra importante ya que representan más de la mitad de los registrados en todo el año pasado (234) en dicho partido judicial. El volumen más alto de delitos contra las mujeres se dio en el área de Sueca, con 193. De éstos, 25 se correspondían con episodios de lesiones y malos tratos mientras que un total de 65 se calificaron como infracciones contra la libertad. Asimismo, se detectaron 49 quebrantamientos de penas y otros 54 de medidas.

Este crecimiento al alza de delitos contra las mujeres durante el confinamiento vaticina un año en el que la estadística aumentará con respecto a 2019. El pasado ejercicio se saldó con 1.124 delitos machistas, incluyendo 382 episodios de malos de lesiones y malos tratos y 422 quebrantamientos de penas y otras medidas de protección. La cifra de infracciones se podría superar en caso de mantenerse la tendencia ya que durante los seis primeros meses de 2020 ya se han detectado 639, es decir, más de la mitad del global de 2019.