Corría el año 2006 cuando Francisco Camps inauguraba el hospital de Torrevieja; un hospital que nacía tarde, con una plantilla insuficiente para prestar atención a diez poblaciones de la comarca de la Vega Baja, entre ellas Torrevieja, con una gran cantidad de residentes extranjeros, con muchas personas jubiladas y con una población flotante extraordinaria en la época estival. Un hospital que se conseguía tras muchas reivindicaciones, pero lo hacía incomprensiblemente con gestión privada.
Esta semana, y tras la finalización del contrato de 15 años, un gobierno progresista apuesta por su gestión pública. Una gestión pública implica transparencia en la contratación del personal, transparencia en la gestión de los fondos públicos que recibe porque, aunque para la gente este hospital es público, no se pagan los servicios, la Generalitat Valenciana abona el coste de la atención hospitalaria y primaria. La empresa concesionaria, Centene Corporation propietaria de Ribera Salud, gestiona también los cinco centros de salud de Torrevieja además de los centros de Guardamar, Rojales, Orihuela Costa, San Miguel y Pilar de la Horadada. No es una reversión arbitraria, es la finalización del contrato y una opción ideológica. Vaya por delante mi reconocimiento a todos los sanitarios que trabajan en estos centros, pero la Educación y la Sanidad son los pilares del estado del bienestar, son servicios básicos que igualan a la ciudadanía y que no deberían quedar en manos de empresas privadas. Es un compromiso político con lo público en un momento vital, en la línea que reclaman las Naciones Unidas.
¿Qué significa apostar por la Sanidad pública? En un momento en el que se suceden por todo el país movilizaciones contra la privatización de la Sanidad, escuchamos: “Lo que funciona no se toca, lo pague quien lo pague”. Con este eslogan defienden los partidos de la derecha (PP, C’s y VOX) este modelo y creo que, además de un error, siembra confusión en una ciudadanía muy afectada y preocupada con esta pandemia. La sanidad es un servicio básico que entronca con los derechos fundamentales y sí, debería preocuparnos quién la gestiona con fondos públicos porque ahí es donde van a parar nuestros impuestos. Lo anómalo es que un departamento sanitario esté gestionado por una empresa privada porque en la Sanidad pública no prima el fin de obtener beneficios en la cuenta de resultados. ¿Puede la gestión de la salud de las personas ser rentable? Sorprende el anuncio de la inversión de 40 millones justo cuando vence la renovación del contrato, quince años después. Y me pregunto: ¿Qué empresa invierte sabiendo que no va a obtener beneficios? Se alude al informe encargado a la Sindicatura de cuentas que señala la eficiencia económica, que no dudo, pero también leo que su cifra de negocio ha sido de 342 millones de euros, por tanto, el beneficio, saldrá de algún sitio. Pero la eficiencia no sólo se mide por la variable económica. Soy defensora de la gestión pública porque, entre otras cosas, afecta a las condiciones laborales como, evitar contrataciones opacas, servidumbre a la empresa, sobrecarga en el trabajo… eso también es calidad y eficiencia.
Pero lo que más me preocupa en este asunto, es observar la deriva que asoma en algunos dirigentes políticos devaluando y despreciando los servicios públicos. Despreciar la Sanidad pública –como lo hace algún dirigente local del PP- es apostar por los seguros privados, algo que no puede pagarse todo el mundo. El alcance de las coberturas depende del importe del seguro, y me temo que por la cuota que figura en los anuncios, no te hacen un trasplante de médula, por ejemplo. Las enfermedades graves, las enfermedades raras, las patologías crónicas, lo grave, lo cubre la Sanidad pública y esta ola privatizadora lo que hace es descapitalizarla. Nos encontramos en un momento de extrema gravedad, con una pandemia de la que desconocemos casi todo y es momento de reforzar, apuntalar, proteger la sanidad pública y hacer que la ciudadanía confíe en ella. Los partidos de la derecha, allí donde han gobernado y gobiernan, siguen las mismas directrices: por un lado, se deteriora la pública y se externalizan servicios básicos a la privada; por otro, dada la situación de la pública, aumenta la contratación de seguros y mutuas, lo que genera un incremento de la desigualdad entre la ciudadanía.
Quizás no tengamos la mejor Sanidad del mundo –pero sí a los mejores profesionales sanitarios- porque años de recortes del PP y sucesivas privatizaciones la han dejado mermada y comprometida, y ahora la mayor pandemia de los últimos años puede reventarle las costuras. Quizás no tenemos la mejor Sanidad del mundo, pero sí la más universal. Ni en Francia, ni en Alemania te dan un servicio básico de calidad y enteramente gratuito. Ir al médico en París es pagar 90 euros y esperar que luego te devuelvan una parte, pero con el dinero por delante. Deberíamos mirar más a nuestros vecinos europeos para valorar y cuidar el sistema público español de salud. La devaluación de lo público es la puerta abierta a liberalizar un bien común y dejar a la intemperie a las personas más vulnerables.
