De los 410 proyectos presentados esta semana en las Corts Valencianes por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig para los próximos diez años, valorados en más de 21.000 millones de euros, es sin duda el paquete de medidas sanitarias el más importante ahora que la sociedad se asoma a la segunda ola de contagios de la pandemia por covid-19. Y eso que la Comunitat Valenciana es en estos días la segunda en menor afección por coronavirus, con 112 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Asturias, con uno menos. Los datos muestran que se se están haciendo las cosas mejor que en otros lugares, pero la curva es impredecible y en cualquier momento se puede desbocar. El bloque anunciado incluye una paga de reconocimiento a los sanitarios antes de fin de año; la prórroga de cerca de 7.500 contratos de profesionales vinculados a la emergencia; la creación de un nuevo Servei Valencià de Salut que configure una nueva «arquitectura» de la sanidad pública valenciana gestionando asistencia, recursos, personal, docencia e investigación; y dos medidas centradas en la atención primaria, el refuerzo de las aperturas vespertinas de los centros de salud con sanitarios voluntarios que quieran un sobresueldo y el nombramiento de una comisionada para la transformación de la atención primaria.
La pandemia causa miles de muertes y hondas secuelas a muchos pacientes, además de una crisis económica profunda, y es obligatorio que deje también lecciones que aprender. Las relativas a la organización y servicios de los centros de salud resultan de extrema necesidad, porque desde marzo la nota de la oferta de la sanidad primaria a la ciudadanía valenciana está más cerca del suspenso que del aprobado, y es imprescindible que lo que debe ser el primer muro de contención contra la pandemia resista sus acometidas y constituya un espacio de confianza y seguridad para los administrados que lo sufragan con sus impuestos.
En viviendas, calles, plazas y hasta en las terrazas atestadas de clientes con y sin mascarillas la gente se pregunta cómo es posible que los colegios, los comercios, las industrias, el transporte o la hostelería estén funcionando con cierta normalidad, siempre con respeto a las recomendaciones sanitarias por la pandemia, y los centros de atención primaria estén colapsados o cerrados (no hay término medio) con constante desatención telefónica, con citas que acumulan retrasos y con un elevado grado de insatisfacción en los usuarios. Y eso que los médicos atienden medias de 60 consultas presenciales y telemáticas diarias, con jornadas extenuantes y un exceso de trabajo burocrático que bloquea su eficacia. Paradójicamente, mientras los profesionales hospitalarios reciben a menudo el calificativo de héroes, los de los centros de salud asumen el papel de villanos en esta triste película de catástrofes.
Las razones que apuntan los profesionales son diversas. En la época de vacas gordas se diseñó una tupida red de centros de salud pero la crisis de 2008 detuvo las inversiones, un parón y unos recortes que no se han recuperado todavía. Además, no hay médicos, como se está viendo en todas las comunidades. En la primera fase aguda del coronavirus hubo que contar con jubilados y con estudiantes de últimos cursos. Por si fuera poco, en los próximos diez años se va a jubilar uno de cada cuatro facultativos en atención primaria. Pero las universidades públicas mantienen su oferta restringida en Medicina, carrera en la que sólo aceptan estudiantes con notas superiores a 13,258 sobre 14 alegando que garantizan una docencia de excelencia, y desoyendo así los constantes llamamientos políticos y sociales a aumentar la oferta de plazas. Ni médicos ni inversiones en lo estructural, pero el caos de los centros de salud también tiene causas coyunturales. La necesidad de establecer dobles circuitos de movilidad para pacientes covid y de otras dolencias ha obligado a cerrar directamente los locales que no pueden cumplir esta condición para evitar contagios. Además, la demanda ha desbordado a la oferta tras las vacaciones de verano. Muchos usuarios han permanecido en sus casas en agosto e intentan actualizar tratamientos y consultas que habían dejado aparcados por el confinamiento, coincidiendo con las vacaciones del personal sanitario, que al regresar a sus trabajos ha tenido que asumir también tareas de rastreador. La tormenta perfecta ha caído sobre la atención primaria, que está recurriendo a medidas de urgencia como facultar al personal de enfermería para extender recetas y vacunas, prorrogar el tratamiento para pacientes crónicos sin tener que pasar por el centro de salud y otras. Tiene trabajo la futura comisionada de atención primaria. Una ciudadanía orgullosa de disfrutar de la mejor sanidad del mundo espera sus propuestas. De ella dependerá diseñar un servicio ágil, eficaz y resiliente, y de las instituciones poner medios y canalizar recursos para afrontar los retos, entre los que ha de figurar el papel reservado a la sanidad privada, convidada de piedra en la crisis del coronavirus.
Las arrocerías que costas no quiere son ya patrimonio de todos
Una lectura rigorista de la Ley de Costas de 1988 amenaza con levantar por los aires los 14 merenderos repartidos en la línea del paseo marítimo de València y el núcleo de arrocerías de la plaza de Neptuno, poblado de negocios que en algún caso han alcanzado el centenario y que merecería la condición de conjunto de relevancia local. La Demarcación de Costas entiende que restaurantes como La Pepica, La Muñeca o L’Estimat desarrollan usos incompatibles con la naturaleza del dominio público marítimo terrestre y que el ayuntamento de la capital debe recogerlo así en el plan urbanístico del Cabanyal, en fase de tramitación. Ni restaurantes, ni hotel de 15 plantas, ni merenderos con aseos y refrescos para los usuarios de la playa... Con esos mimbres cualquier día quedará prohibido bañarse. Una ciudad litoral como València quiere y necesita disfrutar de su línea de costa y dotarla de servicios. Los abusos del desarrollismo de los 60 y 70 inspiraron una ley que lo prohibía todo, pero sus determinaciones no pueden ser llevadas hasta el extremo, el ridículo, de combatir y eliminar espacios hosteleros que son ya patrimonio de todos.
