Alcem-nos, el camino de la reconstrucción

Noventa líneas estratégicas que incluyen 357 acciones concretas son el resultado de un ingente trabajo en grupos para llegar a acuerdos en cuatro frentes: políticas públicas, economía, recuperación social y políticas verdes. Y todo ello sobre la base del informe que elaboró hace meses el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en la línea de los caminos para la reconstrucción.

Alcem-nos tendrá que pasar todavía dos reválidas, la de las Corts Valencianes esta misma semana entrante, con la presentación y debate para que los diferentes grupos políticos expresen sus consideraciones, y la de los municipios y las diputaciones provinciales, cuyos representantes también habrán de analizar el texto en una invitación a enriquecerlo. Pero la firma del documento de 400 páginas por parte de los agentes sociales es, por sí misma, un hecho que mecere ser considerado como histórico por su contenido, al abordar prácticamente todos los retos que tiene sobre la mesa una comunidad que quiere avanzar; por su simbolismo, el que emerge de la voluntad de actuar unidos; y por su ejemplaridad, en un contexto de crispación política y excesiva polarización social. Y así lo han considerado tanto la patronal como los sindicatos firmantes, orgullosos y satisfechos de haber pactado una hoja de ruta para el futuro de la Comunitat Valenciana.

El acuerdo social alcanzado en este mes de julio de 2020, el año más difícil desde los de la Guerra Civil, no es un final, pero tampoco es un comienzo. Hace ya más de dos años, los mismos agentes sociales ahora reunidos en el Palau de la Generalitat para firmar el Alcem-nos se unieron en torno a la plataforma para reivindicar una financiación estatal justa para la Comunitat Valenciana. El líder de la patronal, Salvador Navarro, ya estaba allí junto a los secretarios generales de UGT-PV, Ismael Sáez, y de CCOO-PV, Arturo León, para exigir al Ejecutivo de Mariano Rajoy entonces un nuevo sistema de financiación autonómica que pusiera fin a casi dos décadas de discriminación que habían llevado a los valencianos a una renta per cápita 12 puntos por debajo de la media española mientras comunidades como Madrid atraían inversiones y capitales con el empleo de prácticas de dumping fiscal y otras como País Vasco y Navarra mantenían situaciones de privilegio en el reparto. Y allí estaban todos, o casi todos, capitaneados por el presidente de la Generalitat y secretario general socialista, Ximo Puig; los representantes de Compromís con Mónica Oltra al frente; Podemos, Ciudadanos e incluso los populares de Isabel Bonig hasta que el aparato político de la calle Génova les obligó a retirarse de una acción reivindicativa que tenía como destinatario el partido de la gaviota. El sorayismo era entonces algo rebelde, pero esa actitud la pagó cara.

Curiosamente, también ahora han sido los conservadores quienes han puesto tierra de por medio con el acuerdo social, y lo han hecho con la impronta con la que Bonig viene marcando sus actuaciones recientes: con exabruptos y sin argumentos. Para hacer patente su disconformidad con el

acuerdo social, la presidenta del PP valenciano ha acusado a los firmantes de alinearse con el Govern porque se benefician de lo que ella califica de un riego de subvenciones. Es de suponer que cuando suba a la tribuna de las Corts Valencianes esta semana para pronunciarse sobre el acuerdo dirá algo de más utilidad para la sociedad valenciana a la que representa, que espera de ella oposición, control al gobierno y propuestas constructivas y de futuro, y no salidas de pata de banco porque en medio de los congresos que están eligiendo estos días a quienes la sucederán al frente de los conservadores valencianos no se gana el protagonismo que cree que merece.

Parece que tanto Bonig como algunas personas de su equipo más cercano añoran los tiempos en los que los dirigentes empresariales, e incluso algunos sindicales, ocupaban los primeros asientos de los actos que protagonizaban los presidentes Zaplana, Olivas o Camps para mostrar su plena sintonía con el «régimen», unos nombres de patronos que luego aparecían en las sociedades gestoras de proyectos públicos, o vinculados a negocios paralelos a la Administración, algunos de los cuáles se arrastran aún hoy por los banquillos. Aquellos actuaban libre y correctamente, y los de hoy callan ante el Govern por «riego de subvenciones».

Tan maniquea interpretación de la motivación de los agentes sociales para intentar atajar los efectos de la pandemia y sentar las bases de un futuro marcado por el consenso y el esfuerzo colectivo ha hecho saltar no solo a los sindicatos, que por supuesto, sino también a la misma patronal, que ha suscrito un duro comunicado de respuesta en el que los tres defienden el acuerdo, instan a Bonig a señalar qué puntos del pacto alcanzado son los que rechaza y por qué, y añaden: «ni nos riegan ni callamos. Hemos hablado y dejado constancia por escrito de medidas para la reconstrucción de nuestra Comunitat».

Dejando a un lado la discrepancia política, o táctica, Alcem.nos es un listado de compromisos, necesidades e intenciones que recoge la urgencia de una mayor financiación, acciones alineadas con la innovación, la sostenibilidad, el reforzamiento de los servicios sociosanitarios y las tecnologías de la información y la comunicación y también una apuesta por la gobernanza, con colaboración con los agentes económicos y sociales y entendimiento con las administraciones española y europea. Las 357 acciones incluyen también algunos charcos, como la apuesta por las infraestructuras para conseguir desarrollo y empleo (una filosofía que Compromís y Unides Podem no solo no comparten sino que combaten), la conveniencia de establecer alianzas público-privadas, tantas veces dinamitadas desde dentro del Govern del Botànic, o la definición e identificación de grandes proyectos estratégicos. Y también hay algunos brindis al sol, como «una nueva Administración más ágil y eficaz» que desatasque los tapones de licencias en industria, urbanismo y medio ambiente y que dé entrada a nuevo talento con más oposiciones libres y menos concursos aprovechando la circunstancia de que en diez años se jubilarán 6.000 funcionarios autonómicos. Pero con todo, es un documento que ha de servir de base para proyectos y presupuestos; mejorable, pero sólido y necesario; un plan estratégico en toda regla que nace con un amplio apoyo social. Le queda recorrido, pero Alcem-nos merece una oportunidad si se quiere constribuir. Los que prefieran destruir deberían pensar que la pandemia ya ha puesto las cosas bastante difíciles como para empeñarse en empeorarlas.