El mismo secretario general del PP que hace un año y medio la llamó a Murcia para comunicarle que ella iba a ser la candidata de los conservadores a la Alcaldía de Valencia tomando el testigo de Rita Barberá ha oficiado este fin de semana el ascenso de María José Catalá a la presidencia de los populares en la capital después de más de un lustro de inestabilidad orgánica tras la pérdida del gobierno local. Y lo ha hecho ante el sumo sacerdote de la formación en la Comunitat Valenciana, el presidente del congreso local Esteban González Pons, el nombre por el que todos suspiraban y el hombre que quiso y supo poner distancia entre él mismo y la nominación como candidato en 2019, dedicado plenamente a la liga europea y escaldado de la charca orgánica en un partido deshecho por la investigación judicial del caso Taula.
La nueva lideresa local forma parte, con Vicent Mompó, alcalde de Gavarda, y Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, del grupo que está llamado a protagonizar el futuro a medio plazo (o más bien a corto) de los populares, jubilando a las caras visibles de la última etapa del PP de los banquillos y la corrupción en las instituciones, Isabel Bonig y Eva Ortiz, quemadas en la hoguera regeneradora de un partido que quiere recuperar el poder perdido y que necesita poner nombres nuevos sobre la mesa y en las papeletas. Aunque todos digan que no, los alineamientos erróneos acaban pagándose, y las todavía dos máximas dirigentes de los populares valencianos no son de la cuerda de Pablo Casado desde que suspiraron por Soraya Sáenz de Santamaría en la pugna por el liderazgo nacional.
Catalá, como Mompó y Mazón, representan el perfil de un PP más abierto, moderado, liberado del lastre de la corrupción que ata al pasado a Bonig y Ortiz, atascadas en tratar de devolver con arañazos de minino los zarpazos de tigre dientes de sable que casi toda una generación de predecesores le dieron a una democracia confiada y a unas arcas públicas depauperadas y esquilmadas en beneficio personal de quienes tenían la obligación de velar por el interés de todos. Los sumarios se cerrarán antes o después y los implicados acabarán saboreando las mieles de la absolución y la reparación o conociendo el amargo trago de la condena y la cárcel, por el que algunos (destacadísimos) han pasado ya.
Con los congresos del fin de semana y otros que vendrán, los populares atisban la salida del sol que quiere poner fin a la larga noche de la corrupción y el oprobio, una noche que dura ya más de 13 años y en la que tres de los cuatro presidentes de la Generalitat elegidos entre la bancada conservadora han conocido la dureza del banquillo de los acusados (uno de ellos hasta la cárcel), como mascarones de proa de una lista demasiado larga de políticos que no merecían la confianza que se depositó en ellos.
Ya va siendo hora de salir a la luz con la ropa limpia y una carpeta de proyectos bajo el brazo para confrontar con los adversarios sin tener que mirar siempre al retrovisor. Eso al menos es lo que pretende Catalá, que ha dedicado el año que lleva al frente del grupo popular municipal a poner paz y orden en la organización, a crear nuevas dinámicas de trabajo en un colectivo desanimado y en su mayoría imputado en la causa de blanqueo de dinero por las aportaciones de fondos para la campaña electoral y a repartir algún bozal que otro a algunos que hacían la guerra por su cuenta aprovechando la falta de liderazgo y disciplina. Flanqueada por su equipo de confianza, con Juan Carlos Caballero a un lado y María José Ferrer San Segundo al otro, Catalá ha salido del congreso que la ha elegido presidenta con el esbozo de lo que será su programa de trabajo para los tres años que quedan de mandato y para los comicios previstos para 2023.
Al margen de los escarceos de corto plazo, como la reversión de las obras de la plaza del Ayutamiento o la ordenación viaria de la calle Colón, los populares recogen en su ponencia política un modelo de ciudad que no dista mucho del desplegado por el Govern del Rialto: carta de capitalidad, movilidad sostenible, regeneración urbana, peatonalizaciones, corredores verdes y recuperación de la Albufera, con la única discrepancia seria de su apuesta decidida por la ampliación del puerto y por el nuevo acceso por el Norte.
Donde están las diferencias de fondo es en el modelo económico: hacer de València una de las capitales económicas del Mediterráneo, bajada de impuestos, colaboración público-privada y un apartado que tiene un especial significado esta misma semana: «debemos dotar a la ciudad de un marco que genere seguridad jurídica, estabilidad institucional y certidumbre económica para la realización de inversiones y el emprendimiento empresarial», se puede leer en la ponencia económica del congreso del PP local.
La seguridad jurídica y las posibilidades de captar inversiones para la ciudad son dos cuestiones que han quedado seriamente afectadas con la decisión del alcalde Joan Ribó de rechazar el plan urbanístico para el barrio de Benimaclet impulsado por la principal inmobiliaria de España, Metrovacesa, después de que dos organizaciones vecinales hayan reivindicado la pervivencia de unos huertos urbanos autorizados a precario cuando la crisis de 2008 hizo imposible que saliera adelante el proyecto urbanístico. El alcalde, y también la vicealcaldesa y responsable de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez, abogan por una rebaja de la edificabilidad en un ambiente vecinal que les reclama que no se ponga un solo ladrillo, lo que la empresa valora en unos 50 millones de euros que el ayuntamiento tendría que pagarle, cantidad que informes municipales rebajan a cerca de la mitad.
El desencuentro augura un pleito largo y costoso. El consistorio ha sido incapaz en 30 años de poner a disposición de los ciudadanos el solar del antiguo patio del colegio de Jesuitas, en el paseo de la Pechina, después de compensar con suelo edificable a los promotores que tenían derechos consolidados para construir un hotel y viviendas. Con tres décadas para resolver lo que iba para ampliación del Jardín Botánico (también descartado esta semana), las perspectivas no son esperanzadoras para gestionar el suelo urbanizable de medio barrio de Benimaclet. Mientras en Malilla, Patraix, Benicalap o Moreras las grúas despliegan una febril actividad, en el barrio situado más al norte del casco urbano de la capital se echa el freno no solo a las más de 1.300 viviendas proyectadas sino también a los equipamientos que les corresponden y de los que se beneficiarían los vecinos del barrio hoy consolidado.
El urbanismo no es inmutable. Los gobiernos y los ciudadanos tienen pleno derecho a cambiar de opinión, a perseguir una ciudad con más verde y menos hormigón del proyectado, pero ha de imperar el consenso, porque hay derechos legítimos en juego, e incluso así, con el acuerdo, las decisiones tienen consecuencias. Uno se pregunta quién estará interesado en invertir en el futuro barrio del Grao que ha de coser la ciudad con su fachada marítima por el sur, o en la Marina de València, en una ciudad donde la seguridad jurídica es endeble. El Govern del Rialto tiene el derecho y la obligación de llevar adelante el proyecto de ciudad que encaja en sus postulados, buscando el consenso máximo posible desde la ajustada mayoría, de solo un concejal, que lo sostiene, y favoreciendo un marco global, quizás un nuevo Plan General, que permita a los distintos agentes tomar decisiones con el menor riesgo posible. Es evidente que el cambio climático, la imprescindible sostenibilidad, los nuevos modos de movilidad y hasta las enseñanzas de la Covid-19 obligan a variar el rumbo en muchos ámbitos, pero en esa travesía conviene sumar en vez de confrontar.
