El Ayuntamiento de València, en concreto el departamento de Patrimonio Histórico y Artístico que dirige la concejala Glòria Tello, ha contestado en una respuesta oficial a un vecino que el consistorio «no es competente» para retirar decenas de placas franquistas que aún existen en la ciudad. Este informe municipal, fechado el 30 de octubre de 2020, le indica al vecinos que la administración local no puede retirar la placa franquista que hay en su portal, sito en la calle Carmelo Roda, y en la que se exhibe el escudo de la Falange. En la contestación oficial le indica que debe dirigirse a la Conselleria de Justicia, y en concreto, al Instituto Valenciano de la Memoria Histórica para que atienda su petición.

El argumentario legal que ha recibido este ciudadano -al que ha tenido acceso Levante-EMV- declara incompetente al Ayuntamiento de València para quitar decenas de placas con el yugo y la flecha. Sin embargo, hay al menos una decena de ciudades y municipios de la comarca de l’Horta que ya han quitado o tapado estos rótulos que figuraban en decenas de fincas de los años 50.

En concreto, desde 2014 a esta parte, se han retirado 343 placas de inmuebles de Paterna; 280 de Quart de Poblet; y 120, en Manises, por citar solo tres ejemplos. En todos esos casos fueron los ayuntamientos los que lideraron la retirada de estos símbolos fascistas de sus poblaciones. En el caso de Xirivella, en 2017, los propios vecinos eligieron otros rótulos para sustituir a las decenas de placas del yugo y las flechas. En Paiporta, se efectuó la retirada de manera gradual y en Alfafar se comenzaron a tapar en unas 200 fincas desde finales de 2016. En Silla, el acuerdo para sustituir estos rótulos se adoptó en febrero de 2018, y el dinero lo aportó la Diputació de València en una línea de subvenciones específica para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica.

En todas estas localidades la retirada de las placas franquistas las lideraron alcaldes y alcaldesas de PSOE y Compromís, con la salvedad de Paterna donde inició el proceso la popular Elena Martínez y lo terminó el socialista Juan Antonio Sagredo, y en Alfafar, donde lo desarrolló Juan Ramón Adsuara, del PP. La delegación de Glòria Tello se escuda en la Generalitat para no acometer una iniciativa que tiene que liderar el gobierno municipal y más tratándose de una coalición progresista.

La propia Ley de Memoria Histórica que cita el dictamen enviado a este ciudadano de València determina que las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana «adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática». Y en su articulado aclara que en caso de estar expuestas en fincas privadas, el consistorio tiene que contactar con las comunidades de propietarios para que las eliminen. En cualquier caso, si hay voluntad política se pueden quitar directamente tal como se ha hecho en estos municipios y en otros como Aldaia o Alaquàs.