Cintillo encuentro pensiones

El impulso a los planes colectivos de jubilación y el impacto del reciente acuerdo del Pacto de Toledo sobre pensiones fueron el eje del foro empresarial organizado el pasado jueves por Levante-EMV en colaboración con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) para abordar el futuro de uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar: el sistema público de pensiones. El título del encuentro ya da a entender lo necesario y acuciante del debate: «¿Habrá pensión para mí?». El evento contó con la presencia del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; del economista de la Universitat de València e investigador en el IVIE, José Enrique Devesa; y del presidente de la CEV, Salvador Navarro.

Julio Monreal, periodista y director general de Relaciones Institucionales de Levante-EMV y Prensa Valenciana, fue el encargado de conducir el acto, celebrado en un formato híbrido ya habitual ante la actual coyuntura sanitaria. Así, para garantizar el cumplimiento de las preceptivas medidas de seguridad, hubo una presencia reducida de público en la sede del organismo empresarial, en la calle Hernán Cortés de València, y se habilitó una plataforma online para poder seguir de forma telemática los análisis de los expertos participantes sobre el futuro del sistema de pensiones.

Navarro ejerció de anfitrión y fue el primero en tomar la palabra para abrir el debate. El representante de los empresarios valencianos puso el foco en la necesidad de que la actual pandemia y la emergencia sanitaria y económica que comporta, que son «la prioridad» más inmediata, no pueden hacer olvidar otras «cuestiones más a largo plazo», en referencia al tema planteado en el foro, el futuro de las pensiones. Repasó algunas de las recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo, como la de «derivar las pensiones no contributivas a los planes generales del Estado, asegurar la actualización de las pensiones en base a la inflación real o desincentivar las jubilaciones anticipadas». Navarro recordó los «grandes retos demográficos» a los que se enfrenta España y la «difícil situación económica» que deberá enfrentar el país en el corto y medio plazo, por lo que «aplaude» esas medidas acordadas con un amplio consenso político, que «aunque no transformen radicalmente el sistema de pensiones actual, sí suponen un paso adelante para su sostenibilidad».

Se mostró a favor de sufragar las pensiones no contributivas a través de los Presupuestos Generales del Estado y de que la pensión pública pueda ser complementada —«que no sustituida», matizó— por planes colectivos de empresa. Si bien pidió «concretar» en las mesas de diálogo social esos cambios y más concreción acerca del fondo que el Estado quiere impulsar para facilitar el acceso a los planes colectivos a autónomos y trabajadores de pequeñas y medianas empresas. El máximo responsable de la CEV mostró más escepticismo ante la reducción de las deducciones fiscales a los planes privados, que duda que vayan a incentivar el ahorro particular.

Estos últimos puntos abordados por Navarro fueron a los que Escrivá prestó más atención durante su intervención, evidenciando la apuesta del Gobierno por fomentar los planes colectivos de empresa, dotándolos de una mayor rentabilidad ante la actual desigualdad frente a los privados, que calificó de «regresivos y caros». En cualquier caso, la primera pregunta era obligada. ¿Hasta cuándo está garantizada la viabilidad del actual sistema?

El ministro no quiso dejar dudas al respecto y defendió que el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo «configura un marco de confort respecto a la sostenibilidad del actual sistema en los términos y con el poder adquisitivo» actuales. El peso de las pensiones en España es cercano al 12 % del PIB, una cifra «muy en la media de otros países del entorno», según Escrivá, que remarcó además que España ya ha acometido reformas que otros no han iniciado todavía, como «la eliminación de regímenes privilegiados dentro del sistema» o la ampliación progresiva de la edad de jubilación, hasta los 67 en el año 2027. Todo esto permitirá que «el crecimiento del gasto en pensiones en los próximos años sea menor del que hubiera sido en ausencia de estas reformas ya introducidas».

Respecto al futuro de los planes de pensiones privados, promovidos por el anterior Gobierno y que ahora Moncloa reducirá sus beneficios fiscales de 8.000 a 2.000 euros anuales para favorecer los colectivos, Escrivá aseguró que se «mantendrán en los términos actuales» para quienes ya disponen de ellos, si bien defendió que son ineficientes desde el punto de vista de la promoción del ahorro privado, son regresivos porque favorecen en su mayoría a las «rentas más altas, que son las que menos lo necesitan» y que son «demasiado caros».

Para justificar esa falta de efectividad, Escrivá citó un estudio «minucioso y exhaustivo» realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entidad que él mismo presidió hasta su incorporación al Ejecutivo, que concluye que al contrario de lo que se pretendía, este mecanismo de beneficios fiscales, que supone una pérdida de unos 1.500 millones de euros anuales para las arcas del Estado, no ha incentivado el ahorro a largo plazo, ya que se han «canalizado hacia otros instrumentos financieros como fondos de inversión, depósitos a largo plazo o fondos de pensiones». «Ocurre a menudo que los sistemas que se implantan no cumplen con los objetivos para los que se pusieron en marcha», reconoció.

En cuanto a la regresividad, destacó que el 10 % de las rentas más altas son las que concentran «gran parte» de estos beneficios fiscales. «Las rentas más altas y que además cuentan con un mayor patrimonio neto más elevado son las que menos necesitan un plan complementario y sin embargo son las que más se benefician», cuando lo interesante sería que accedieran «las medias y bajas», algo que no sucede. Y añadió al respecto que España es, junto a Italia, «uno de los países con mayores niveles de beneficios fiscales de toda la Unión Europea».

"El Pacto de Toledo configura un marco de confort respecto a la sostenibilidad del sistema en términos actuales"

El tercer punto de debilidad de los planes privados, a juicio del ministro, es su coste. «Son extraordinariamente caros. Sus comisiones medias rondan el 1,5 %, un nivel altísimo para cualquier referencia internacional respecto a cualquier otro producto financiero». Por su parte, y aquí esta la «clave» para Escrivá, «los planes colectivos se sitúan en torno al 0,3 %», una diferencia que «a largo plazo se hace enormemente distinta» para generar un fondo a largo plazo, ya que «la comercialización se ha orientado a los planes individuales y no a los colectivos. No existen los planes para pymes o autónomos».

Por eso, apostó por incentivar esos sistemas grupales, que aumentarán sus desgravaciones de los 8.000 hasta los 10.000 euros y por la creación de un «fondo esponsorizado por el Estado» que «posibilitará» a esas pequeñas y medianas empresas, trabajadores por cuenta propia y funcionarios tener una «opción comparable a las empresas grandes, con condiciones de inversión atractivas». Según el máximo responsable en materia de pensiones, lo hará «porque al colectivizar el ahorro tienes una mayor capacidad de negociación y obtienes una rentabilidad más alta». Además, se comprometió a que esa activación del fondo estatal se llevará a cabo de manera «muy rápida» y conseguirá «generar pensiones no regresivas para quienes más necesitan incentivos de ahorro a largo plazo».

Este es el instrumento en el que tiene sentido incluir una exoneración fiscal y perder recaudación por parte del Estado, porque va a generar pensiones no regresivas y para aquellos hogares que más necesitan incentivos para ahorrar a largo plazo», concluyó. Enrique Devesa intervino en este punto para preguntar sobre el tratamiento fiscal que recibirán estos planes colectivos. El ministro aseguró que será «al menos el mismo» y reveló que su departamento trabaja para «mejorarlo» en la nueva ley con «incentivos adicionales». Además, negó que vayan a seguir siendo regresivos, posibilidad que apuntó Devesa, algo que «dependerá de si la desgravación es en la base imponible o en la cuota».

Otra de las novedades que se incluyen en el Pacto de Toledo es la vinculación de la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC), algo que garantiza mantener el poder adquisitivo de los pensionistas pero que plantea la duda de qué sucederá si este desciende. El ministro remarcó que lo que concreta el acuerdo es ese «mantenimiento del poder adquisitivo». Así, avanzó que se está trabajando en una «fórmula móvil» que evalúe y garantice que el pensionista no se empobrecerá en estos casos y que será presentada «en los próximos días» a los agentes sociales, ya que es la «tradición» del Pacto discutir estos detalles con patronal y sindicatos antes de elevarlos al Congreso.

Ante la inminente jubilación a partir de 2023 de la generación del ‘baby boom’, el reciente acuerdo político también aboga en sus recomendaciones por la prolongación de la vida laboral a través de incentivos, como un pago único en metálico. A este respecto, Escrivá recordó que ya está activo el proceso de retraso hasta los 67 años de la edad de jubilación y amplió las dos vías en las que se trabaja. Por un lado, admitió que hay «demasiadas jubilaciones voluntarias» por lo que considera un «problema» con el desincentivo, que reduce en un 8 % la pensión por cada año adelantado pero lo hace sobre la base reguladora y no sobre el total de la pensión a percibir, lo que genera una «brecha» entre las más altas y las más bajas cercana a los seis puntos. En cuanto a la segunda vía, la del retraso voluntario de la jubilación, reconoció cierta «problemática» tanto en el diseño como en la comunicación. Admitió que se estudia ese pago en metálico como «una de las posibilidades», que está siendo muy bien recibido en las encuestas que maneja su departamento.

Tampoco podría faltar en el debate el déficit de la Seguridad Social, una elevada deuda que el propio ministro admitió que genera «mucha inquietud en la sociedad». Escrivá volvió a vincularlo a los «gastos impropios» de la Seguridad Social, políticas que se «han hecho contra las cotizaciones sociales y financiadas con fondos que iban a pagar pensiones». Los estima en torno a los 22.000 millones y celebró que el Estado vaya a «asumir» esos gastos. Los PGE ya incluyen una transferencia de 12.000 millones, lo que «corrige dos tercios del problema» y «debe transmitir certidumbre» a los actuales y futuros pensionistas.

Salvador Navarro, presidente de la CEV, en el acto. M. A. Montesinos

LA PRÓRROGA DE LOS ERTE, «PRONTO»


Durante su intervención inicial, Salvador Navarro, además de abordar algunos de los puntos clave que más preocupan al empresariado sobre la reforma de las pensiones, aprovechó la presencia del ministro Escrivá para volver a dejar patente la importancia de los ERTE en la actual coyuntura sanitaria, social y económica y la necesidad de una nueva prórroga de este mecanismo más allá del 31 de enero.


Escrivá, que junto al Ministerio de Trabajo es una de las piezas clave en este proceso, recogió el guante con rapidez y, adelantándose a las preguntas, él mismo solicitó arrojar luz sobre el asunto. Así, aseguró que las negociaciones con la patronal y los sindicatos se volverán a activar «pronto» para que «a partir de enero exista un esquema de reemplazo en el cual tengamos una puesta en común con los agentes sociales para ver qué esta funcionando y qué no y ver cuál es la realidad a la que tenemos que hacer frente con el objetivo siempre de proteger a las empresas y sectores de actividad más afectados por la pandemia».


Ese panorama «cambiante» que propicia la actual crisis es el motivo, según defendió Escrivá, por el que el Gobierno está haciendo estas ampliaciones de forma trimestral. «No es porque no estemos pensando en una nueva prórroga, sino porque así tenemos más flexibilidad para adaptarnos a las realidades cambiantes de la pandemia». El ministro defendió el éxito de las cuatro modalidades de ERTE implementadas en el último tramo, que han servido para proteger a más de 400.000 trabajadores y para que no haya subido el desempleo.