Ximo Puig hizo referencia en su discurso del 9 d’Octubre a tres «alianzas cruciales» que se presentan como urgentes para afrontar la reconstrucción social tras la pandemia. «Entre generaciones, entre el Estado del Bienestar y los sectores productivos y entre territorios». Al respecto de la primera alianza, el president de la Generalitat apuntaba que «la muerte de tanta gente mayor en residencias debe hacernos reflexionar» porque «nos lo han dado todo y se merecen más atención, respeto social y un trato digno». Y a la vez ponía el foco en «la situación precaria de tantos jóvenes atrapados entre dos crisis», lo que, según Puig, «debe movernos a actuar con urgencia y determinación». La tercera variable de esa ecuación la situaba en «el gasto que hay que hacer estos años para proteger a los afectados, estimular la economía y generar trabajo». Unos costes que «deberá pagar la siguiente generación», a la cual, defendió, «no la podemos hipotecar más de lo necesario». «Keynesianismo inteligente, sí. Máxima eficiencia en el gasto, también», concluyó.
Este podría ser el último de los dilemas que ha ido arrojando la crisis de la covid durante estos meses de pandemia. Primero fue la dicotomía —que tardó poco en probarse como falsa— entre salud y economía. Posteriormente, la duda se centraba en quién iba a pagar la factura de las ayudas. Ahora parece claro que la Unión Europea jugará un papel bien distinto al desempeñado durante 2008 y que los fondos europeos serán la base sobre la que iniciar esa reconstrucción. Pero, ¿hasta dónde puede soportar el Estado los costes derivados del mayor golpe económico en tiempos de paz? ¿Dónde está ese punto de equilibro para «no hipotecar más de lo necesario» a la juventud, toda vez que se siguen desplegando mecanismos de ayuda para no dejar a nadie atrás?
El economista José Carlos Díez responde sin vacilar: «Mientras el Banco Central Europeo compre 120.000 millones de euros de deuda al año al 0 % de interés, no hay problema», resume con ironía. Díez advierte del riesgo de depender en exceso de ese salvavidas del BCE, que actualmente compra un tercio de la deuda que emite España, que el experto prevé que se disparará por encima de los 350.000 millones de euros el próximo ejercicio. La inversión sanitaria, los ERTE, los créditos ICO, las exenciones a autónomos... el Estado ha desplegado toda una batería de ayudas sociales para amortiguar el impacto de una pandemia que detuvo el mundo unos meses y que amenaza con reservar las peores consecuencias para dentro de unos meses. «Deberíamos estar en una crisis de deuda mucho peor que en 2012, pero no es así» por ese cambio de chip de Bruselas, que «ahora compra la deuda que entonces no compraba», apunta Díez.
Manuel Illueca, director del Institut Valencià de Finances (IVF), coincide en destacar ese cambio de mentalidad europea. Hasta ahora se aplicaba la teoría clásica de los modelos económicos, que fijan límites de endeudamiento en virtud de estabilizadores automáticos. Pero Illueca apuesta por que «se va a ir más lejos que en 2008», porque «España ahora sí puede colocar bien la deuda a largo plazo y hay una conciencia de solidaridad en el mercado» por la excepcional coyuntura actual. Con ese «largo plazo», el director del IVF habla de 50 años. Entonces, ¿serán los jóvenes quienes asuman ese pago? «Sin duda, como los jóvenes de los años 60 pagaron la factura de la II Guerra Mundial. Esto es algo parecido, siempre es así. Estas crisis destruyen el ahorro, por lo que los niveles de deuda van a crecer sustancialmente en nuestro entorno», avanza Illueca.
A la espera del maná europeo, cuyo dinero todavía podría tardar varios trimestres en llegar, el Estado se ha visto forzado a prolongar las ayudas sociales, como la de los ERTE. ¿Hasta cuándo? Los dos expertos coinciden en que deben mantenerse vigentes en el corto plazo, si bien ambos ponen ‘peros’. Díez aboga por seguir dando prioridad al gasto social sobre el pago de la deuda, pero añade que el «problema de España es estructural porque no tiene un plan fiscal a medio plazo» que le marque la senda. «Es inédito que el Gobierno solo ofrezca previsiones de 2021 sin dar previsiones de ingresos ni de deuda, es algo inédito», lamenta. Por su parte, Illueca plantea un ejercicio de «cirugía fina» para «detectar segmentos estratégicos a los que mantener el apoyo» estatal porque «no se puede salvar a todas las empresas». «Hacen falta medidas muy concretas y centradas, el Estado no puede sostener a todo el país», avanza.
La clave de bóveda del proceso será cómo se invierte el dinero de Bruselas, ya que tanto Díez como Illueca coinciden en que la UE pedirá ajustes en torno a 2022. «Los presupuestos de 2022 deberán plantear escenarios de ajuste de déficit estructurales», asegura el primero. «Deberías tener una senda de déficit de deuda pública a cinco años y sobre esa senda abrir un debate sosegado. Bruselas en algún momento de 2022 te va a pedir ajustes y recortes, porque si no cambias nada, en 2025 el déficit público estructural rondará el 5 % y eso es insostenible», añade. El director del IVF coincide: «La cultura de la UE siempre ha sido la del palo y la zanahoria». Así, «parece claro que la subida de impuestos, cuando se pueda, será inevitable», dice Illueca, mientras Díez agrega que «no puedes ajustar esos cinco puntos de déficit solo subiendo impuestos. Hay que tocar gastos estructurales, entre ellos las pensiones». Ya con el dinero en caja, Illueca ve «imprescindible aprovechar la oportunidad para reestructurar el sistema económico. Generar empleo, riqueza y cambios reales en el sistema productivo. Es mucho dinero y hay que utilizarlo muy bien», pide. Para ello, reivindica la «cultura de la evaluación y la reflexión previa».
