Se llaman Yolanda Borja y José Miguel Morales. Y son ocupas, pero sin «k». Porque la «k» implica un movimiento con el que no se identifican. La okupación con «k» reconoce un movimiento antisistema que ocupa un edifico público abandonado para darle un uso social. El auge del movimiento que se afianzó durante las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo nada tiene que ver con lo que ocurre en la actualidad, ya que los ocupas de ahora, se escriba con «k» o sin ella (la RAE da por válida las dos opciones sin diferenciar entre propiedad pública o uso social), son familias que no tienen un techo porque no lo pueden pagar. Personas empobrecidas que precisan de un hogar sin más reivindicación que su derecho a una vivienda digna. Madres y padres, en muchos casos, que están dentro del sistema y han solicitado una vivienda social que siguen esperando. ¿Y mientras tanto? Ocupan una vivienda vacía. Eso sí, las ocupaciones «de buena fe» buscan no perjudicar a un igual, así que entran en pisos vacíos de bancos. De entidad bancaria, de fondos buitre o de fondos de inversión. Esa es la diferencia.
Madres y padres, en muchos casos, que están dentro del sistema y han solicitado una vivienda social que siguen esperando. Ocupan una vivienda vacía. Eso sí, las ocupaciones «de buena fe» buscan no perjudicar a un igual, así que entran en pisos de bancos.
¿Hay caraduras? ¿Existen personas que se meten en pisos vacíos de particulares y tienen atemorizado al vecindario? Sí, «haberlas haylas» pero las entidades sociales que trabajan con las personas más vulnerables, con las familias empobrecidas, aseguran que son las menos, una minoría que hace mucho ruido y centran el protagonismo de un movimiento al que no representan. Sin embargo, los ocupas sin «k» viven de forma discreta. Sin dar problemas, sin hacer ruido, invisibles. No sea que alguien se entere de dónde viven, de cómo viven y llegue la orden de desahucio que, en el caso de propiedades bancarias, siempre llega. Los recursos jurídicos de las entidades bancarias y de los fondos de inversión son infinitos. Por eso viven de manera discreta y temen salir en los medios de comunicación denunciando lo que les pasa: que necesitan un techo que no tienen y que por eso han ocupado una vivienda vacía de banco.
Yolanda y José Miguel han vivido los últimos ocho años en cuatro pisos ‘ocupados’ con sus hijos. Siempre pisos vacíos propiedad de bancos. Llevan tres años en espera de una vivienda social. La ‘ocupación’ está ahora en el ojo del huracán. Ellos lamentan que se les criminalice por «algo que hacen muy pocos».
Levante-EMV entrevista a una familia que lleva cuatro ocupaciones diferentes en cuatro pisos de banco. Cuatro en ocho años. Llevan más de tres años en la lista de espera para una vivienda social de la Generalitat Valenciana. De momento, no hay disponibles, aunque la Conselleria de Vivienda trabaja en la ampliación del parque público y suma nuevas viviendas rehabilitadas que va entregando conforme están disponibles. Esa gestión dará sus frutos dentro de años, pero ahora, como Yolanda y José Miguel, hay 21.075 personas en la Comunitat Valenciana a la espera de una vivienda social. De ellas, 9.302 son de Alicante, 9.300 de Valencia y 2.473 de Castelló.
La joven familia nos recibe en un piso humilde en el barrio de Torrefiel (València), una planta baja reformada que dista mucho del piso que ocuparon antes durante 4 años y que carecía de agua y luz, de cristales en las ventanas, de nevera y de lavadora. Hay niños en la casa y se nota. El mayor tiene 7 años y no ha conocido un piso sin orden de desahucio. La mediana no para quieta a sus poco más de dos años y la bebé, de 2 meses, solo necesita estar en brazos para estar tranquila. Su historial de ocupaciones arranca cuando el banco subastó la casa donde vivía la familia de Yolanda por impago. La familia se desperdiga y la joven, a sus 22 años (ahora tiene 30), se fue a vivir con su novio a su primer piso ocupado de banco. Llegó el desahucio tres años después, cuando ella estaba embarazada de su primer hijo, y de ahí se fueron a un piso en alquiler que tenía la familia de José Miguel. Allí convivieron durante casi dos años con 11 personas. La situación se tornó insostenible y se enteraron de un nuevo piso vacío de banco en la calle Daroca. En esa viviendo solo estuvieron un mes y medio. El banco les ofreció 1.500 euros por dejar el piso vacío de nuevo y aceptaron. Parte de ese dinero lo invirtieron en la que sería su tercera vivienda ocupada (en la calle Agustín Lara), un piso muy deteriorado que carecía de suministros básicos. Por este piso, el banco les ofreció 2.500 para que se fueran, pero no tenían donde ir y «no es dinero lo que necesitamos, es un piso que podamos pagar», afirman. Tras 4 años viviendo en condiciones infrahumanas, ocuparon el piso actual en la calle Anna. Llevan allí pocos meses, pero ya tienen una orden de desahucio para el 13 de octubre, a las 10 horas.
La situación se tornó insostenible y se enteraron de un nuevo piso vacío de banco en la calle Daroca. En esa viviendo solo estuvieron un mes y medio
Hablamos de los ingresos familiares. Hace pocos meses que Yolanda cobra la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), por la que percibe 510 euros ya que, aunque tiene tres hijos, cuando solicitó la ayuda José Miguel trabajaba. El joven ha hecho de todo a sus 34 años, aunque siempre de forma precaria. José Miguel ha trabajado de temporero (60 euros al día, por 50 cajas a 1,20 euros cada una), en un almacén de frutas (un año con una nomina de 1.050 euros), montando escenarios (a días sueltos, por 6 euros la hora), en mudanzas (5 euros la hora), de reponedor en un supermercado (también días sueltos, en campañas concretas), en una empresa de limpieza (con un contrato de 3 meses por 500 euros al mes)... Ahora está en paro y cobra 480 euros al mes, aunque se acabará en diciembre. Es decir, en la actualidad, que es cuando más ingresan, rozan los 1.000 euros, pero es temporal. Y aunque no lo fuera, «¿cómo vamos a pagar una vivienda en el mercado libre si la media del alquiler son 600 euros? Bueno, y luego hay que dar meses por adelantado y no tenemos contrato fijo ni avales. Estos precios son imposibles para nosotros. Nuestra única opción es una vivienda social, pero no llega y necesitamos un techo mientras tanto».
La pareja no vive ajena al mundo. Ven las noticias y los programas que presentan la ocupación como el enemigo a batir, como un riesgo para la propiedad privada y un peligro para la vecindad. «Mira, seguro que hay mala gente porque la hay en todas partes. Yo también veo la televisión y lamento que haya okupas que amedrenten a los vecinos y se aprovechen de la situación. Esos hacen mucho ruido y parece que todos seamos así. No lo somos. Somos pobres pero buena gente. Somos humildes y nos metemos en un piso vacío de banco para no perjudicar a nadie.
Convivimos con los vecinos. Nos criminalizan a todos por algo que hacen muy pocos. Con críos pequeños no puedes vivir en cualquier sitio y de cualquier manera. Tienen que tener un techo o los servicios sociales llaman a tu puerta, aunque no es mi caso. En servicios sociales tenemos abierto expediente desde hace años aunque mucha ayuda no hemos recibido, la verdad, pero conocen la situación, porque formamos parte del sistema. Ser ocupa significa vivir con miedo, con inseguridad, de forma miserable. No somos vividores. Y a quien lo crea le invito a salir de su casa con lo puesto, con sus hijos y sin dinero», explican.
Yolanda nació pobre y teme que sus hijos hereden su pobreza. Como le pasó a ella. Su hijo mayor no comprende ciertas situaciones, como tampoco ella fue consciente de las desigualdades que sufría hasta que creció
Yolanda nació pobre y teme que sus hijos hereden su pobreza. Como le pasó a ella. Su hijo mayor no comprende ciertas situaciones, como tampoco ella fue consciente de las desigualdades que sufría hasta que creció. Porque tener un hogar forma parte de los cimientos de una familia. Hablan de una red social que se comunica de viva voz los pisos de banco que hay disponibles en los barrios. Hablan de sobornos de los fondos buitre para que cojan un dinero en caliente cuando la necesidad aprieta, pero que se esfumará con rapidez. Lo que desconocen es que la banca y la Sareb –Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (el banco malo)– cuentan con más de 20.000 viviendas vacías en el territorio valenciano.
