Mazón reivindica su reforma para garantizar la "libertad educativa"

El jefe del Consell, Carlos Mazón, hizo ayer una defensa cerrada de la batería de leyes con las que la coalición de PP y Vox va a comenzar a impulsar la agenda política de la legislatura. Una sucesión de iniciativas, presentadas esta semana de manera conjunta por los portavoces de ambos partidos, y que han provocado un terremoto político (a escala local) por su impacto en la política lingüística y educativa, el control de la radiotelevisión pública valenciana, las políticas de transparencia y contra la corrupción o la reinterpretación de las políticas de memoria.

Es decir, una enmienda a la totalidad de la gestión del Botànic. Las medidas, aún un proyecto de ley, han provocado las críticas de la oposición de izquierda, sindicatos como CC OO, STEPV, UGT o colectivos como la Unió de Periodistes.

«Memoria sesgada»

De las cinco leyes, dos han causado más polémica. En opinión de Mazón, la nueva proposición de ley de la Concordia es una reforma dirigida a que «la libertad y la concordia avancen» frente a una «memoria sesgada», en referencia a la ley de la Memoria Democràtica. A juicio del president, «no se puede entender una memoria democrática y hablar de quienes han podido perder a sus seres queridos si no se incluye, por ejemplo, a las víctimas de los crímenes no resueltos de ETA en la Comunitat Valenciana». «No lo puedo comprender y creo que eso no ayuda a la concordia», señaló ayer.

«Se trata de que el cambio avance y lo que hemos planteado a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, ratificado mayoritariamente en las urnas, es una reforma hacia la concordia y hacia la libertad», aseguró Mazón, que no participó en la presentación de las leyes pero ayer sí se reunió con los tres líderes provinciales del partido para comenzar a explicarlas.

Respecto a otra de las proposiciones legislativas del PP y Vox, la relativa a la Libertad Educativa, defendió que pretende que sean los padres los que decidan «y no los despachos intervencionistas de los políticos». Recordó que cuando accedieron al Gobierno de la Generalitat, lo primero que hicieron fue suprimir la oficina de la ‘policía lingüística’ que «se copió del procés separatista catalán y mira cómo ha salido».

«Igualdad para el castellano»

Considera asimismo una «contradicción» que en las comarcas castellanoparlantes «estén exentos de la asignatura de valenciano y a la vez estén obligados a dar asignaturas troncales en valenciano». «Lo que queremos hacer es equiparar en libertad y en igualdad el valenciano con el castellano», que sean los padres los que tengan «la última y la primera» palabra y que «no dependa del vaivén intervencionista de un gobierno o de otro». «Queremos una libertad que amplíe la libertad» en la elección de la lengua base, el idioma en el que examinarse y el centro en toda la Comunitat, insistió.

En su opinión, «esto es un avance para la libertad» y también para la «futura competitividad de los de nuestros alumnos», en la que «todos van a poder elegir y no solo unos pocos que sean amigos de un poder intervencionista en el Consell de la Generalitat».

En cualquier caso, el PP está abierto a negociar, según dijo el síndic en las Corts, Miguel Barrachina. Su ambición, dijo, es «llegar a acuerdos con todos los grupos». «Es una pretensión porque cabe la posibilidad de mejorar los textos en el periodo parlamentario. Las leyes son buenas, pero estamos abiertos a mejoras. Por eso, en lugar de insultos de la oposición preferimos propuestas a las leyes presentadas», concluyó.

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