La trama Gürtel, que hizo metástasis en la administración valenciana durante seis años, acumula ya tres sentencias y media condenatorias. Sólo queda por juzgar la última pieza separada de las seis en las que se dividió la trama valenciana de esta macrocausa de corrupción que socavó los cimientos del Partido Popular en la C. Valenciana y Madrid.
La trama valenciana de la Gürtel se estrenó con el juicio de la «causa de los trajes» en la que un jurado popular absolvió al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al exsecretario del PPCV, Ricardo Costa, del delito de cohecho, que sí admitieron el exvicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret.
La Gürtel también ha supuesto la entrada en prisión de la exconsellera Milagrosa Martínez, junto a cuatro exdirectivos de la Agència Valenciana de Turisme (AVT). Y la condena a cuatro exaltos cargos del PP de la Comunitat Valenciana (Ricardo Costa, David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García) por delito electoral junto a nueve empresarios valencianos, aunque todos han logrado esquivar la prisión, previo pago de cuantiosas multas. Y la sentencia condenatoria a ocho exdirectivos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) por amañar el contrato para la retransmisión de la visita del papa a València en 2006. Y como común denominador los cabecillas de la trama Gürtel, condenados en todas las piezas: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes», entre otros.
Tras estas tres condenas y media, sólo queda pendiente de enjuiciar la pieza de los «contratos menores» en la que se juzgará a tres exconsellers y 17 técnicos de la Generalitat por el presunto trato de favor a Orange Market, la sucursal valenciana de la Gürtel. Esta pieza es la que se reabrió para imputar a Francisco Camps, tras las declaraciones inculpatorias en el juicio por delito electoral que señalaban al exjefe del Consell como la «X» que propició el trato preferencial a las empresas de Francisco Correa en la Comunitat Valenciana. Se cerrarán así los más de once años que se prolonga esta travesía judicial que estalló un 6 de febrero de 2009, con las primeras detenciones que ordenó el entonces juez instructor Baltasar Garzón, apartado de la judicatura por intervenir las conversaciones de varios acusados con sus abogados en la cárcel.
La sentencia sobre los contratos de la Gürtel con la Conselleria de Turismo fue la primera sobre la trama Gürtel y la que abrió el camino de la sucesión de condenas que la han seguido. El TSJCV y el Supremo consideraron probado que la trama Gürtel se introdujo en la Generalitat, «hasta el punto de que se había producido un desembarco, una sustitución de la administración por las empresas» del grupo Francisco Correa.
Se produjo así una simbiosis entre la trama y la Conselleria de Turismo en la que «la contratación era una mera pantomima, que cubría formalmente las exigencias legales de la contratación pública, mera apariencia», según el Supremo. La trama Gürtel «confeccionaba y redactaba contratos, realizaba los planos y diseñaba los criterios de valoración» sobre los stands de Fitur que «la administración aceptaba». Gracias a estas artimañas Correa y sus empresas lograron 5.696.428,33 euros en contratos para montar los stands de la feria y otros eventos turísticos entre 2005 y 2008, de los que logró unos beneficios de 1,9 millones». Esta primera condena de la trama Gürtel supuso la entrada en prisión de los principales cabecillas, la exconsellera Milagrosa Martínez, su jefe de gabinete, Rafael Betoret, y tres técnicos de la AVT. También fue relevante porque avaló la instrucción iniciada por Baltasar Garzón y validó las grabaciones del exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que originaron la investigación policial en 2007 y judicial en 2009.
Elecciones dopadas
El PPCV «sobornó en diferido» a nueve empresarios valencianos por «pura ambición de permanecer en el poder» para ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y nacionales de 2008 a «cualquier precio», según dictó la sentencia del Juzgado Central de lo Penal número 1 de la Audiencia Nacional, hecha pública el 11 de junio de 2018 y firme un año después.
El PPCV declaró al Tribunal de Cuentas que su gasto electoral en 2007 ascendió a 175.000 euros. Cifra que «no se corresponde ni por asomo» con el real realizado por la sucursal valenciana de la Gürtel, la empresa Orange Market, que invirtió 1,2 millones en la campaña electoral de 2007. Entre las actividades financiadas irregularmente están tres actos de Mariano Rajoy en la C. Valenciana y el último de la campaña electoral de Isabel Bonig a la alcaldía de la Vall d’Uixó, entre otros.
Además de los cabecillas de la Gürtel, en esta pieza fueron condenados nueve empresarios que abonaban las facturas ficticias que les pasaba al pago Orange Market, junto al exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa (cuatro años de cárcel por tres delitos electorales y falsedad documental) al que se consideraba «el hombre de atrás que controlaba toda la trama creada». También están condenados en firme David Serra (tres años y nueve meses por los mismos delitos) como «cooperador entusiasta de la trama urdida», la exgerente del PPCV Cristina Ibáñez (tres años y cuatro meses de cárcel) y la extesorera Yolanda García (cuatro meses por cómplice del delito electoral). Ninguno ha entrado en prisión. Costa por su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción al confesar los hechos y declarar en otras causas, además de pagar una multa de 192.000 euros. Un beneficio que también han obtenido Serra e Ibáñez, al abonar una multa y haberse apartado de la política.
Mordidas en la visita del papa
La penúltima sentencia de la Gürtel se conocía esta semana y confirma el negocio redondo que la trama logró con la visita del papa a València en 2006. RTVV adjudicó a la empresa pantalla de la Gürtel, Teconsa, el contrato de retransmisión por 7.493.000 millones de los que 3,2 fueron sobrecostes que se repartieron Correa, Crespo, el Bigotes y el exdirector de RTVV, Pedro García, condenado a seis años de cárcel. El «factótum», Juan Cotino, no ha podido ser condenado tras fallecer por coronavirus el 13 de abril y extinguirse su responsabilidad penal.
Pedrea de contratos menores
A Orange Market y las empresas de Correa les tocó una especie de pedrea de contratos menores a 12.000 euros en cuatro conselleries y cinco empresas públicas, entre 2004 y 2009, por valor de más de 1,8 millones. Un presunto trato de favor que sentará en el banquillo a Francisco Camps, tres exconsellers (Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado) y 17 directivos del segundo escalón o técnicos de la Generalitat.
La «X» en el trato de favor a Orange Market
Las confesiones de Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa en el juicio por el delito electoral en 2007 y 2008 en las que señalaban a Francisco Camps como la «X» que propició las contrataciones con la trama Gürtel se incorporaron a la pieza de los contratos menores (la que queda por juzgar) para sentar en el banquillo al exjefe del Consell. Un juicio que no se prevé que se celebre antes de 2022, según fuentes consultadas por Levante-EMV, ya que antes debe juzgarse en la Audiencia Nacional otra de las piezas que afectan al PP de Madrid, bautizada como Gürtel II época.
