El futuro del lobo ha desatado un nuevo conflicto. El debate sobre si debe protegerse la especie en toda España, y no solo al sur del Duero como ocurre en la actualidad, está agitando no solo el tradicional enfrentamiento entre ecologistas y ganaderos, sino también el seno del PSOE, donde se observa una clara división: mientras que el Gobierno central comparte con los ecologistas la convicción de que el lobo debe ser protegido, el Gobierno de Asturias, por ejemplo, en sintonía con los ganaderos, ha manifestado su frontal rechazo a un cambio en el estatus de la especie, que al norte del Duero se puede gestionar, es objeto de controles poblacionales y es especie cinegética.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, terció ayer en la “batalla” resaltando que la comunidad científica es “clara” en cuanto a que el lobo tiene que “salir” de su actual estatus como una especie cinegética y pasar a formar parte del conjunto de las especies silvestres en régimen de protección especial. “Esa es la recomendación de la comunidad científica y el camino que se ha de seguir”, subrayó Morán, “salvo que alguien considere que las decisiones políticas puedan prescindir del mejor conocimiento de la comunidad científica a la hora de abordar la gestión de nuestro capital natural”, en lo que pareció un claro tirón de orejas al Principado y a los gobiernos de Galicia, Cantabria y Castilla y León, que se oponen a que el lobo sea protegido al norte del Duero.

Morán se pronunció tras lograr paralizar la cuatro regiones del Noroeste la propuesta del Ministerio de Transición y Ecológica y el Reto Demográfico de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. El secretario de Estado matizó que la reunión de esta semana con las comunidades para presentar el documento de la estrategia del lobo es una más y que la retirada del texto, que calificó de “borrador de trabajo”, persigue “dar una mayor amplitud de aportaciones” para que al final de su recorrido el documento tenga una “aproximación a las expectativas de los agentes concernidos”, como ganaderos, ecologistas, técnicos y el sector turismo rural, entre otros. Y añadió que la catalogación del lobo como especie cinegética “no ha conseguido alcanzar una nivel de convivencia pacifica con los sectores de su espacio territorial, sino mas bien todo lo contrario”. Por ello, considera evidente que el modelo actual “ha fracasado”.

“El PSOE lo que tiene que hacer es aclararse”, señaló ayer el regidor de pastos de Cangas de Onís, José Antonio García Álvarez. “Mientras que Narbona da palmaditas en la espalda a quienes protegen al lobo, los del Principado la contradicen y dicen que no quiere protegerlo en Asturias. ¡Que se aclaren!”, clamó, a la vez que criticó el “doble discurso” socialista, en Asturias y en Madrid

El representante ganadero resaltó que la negativa de Asturias a proteger el lobo en toda España le gusta “un poco”. Porque no la ve “suficientemente agresiva” contra una especie que está “acabando con la ganadería”, y en especial con la “reciella” (ganado menor). Contra el criterio de los científicos, respaldó su declararlo especie cinegética, como han hecho Galicia, Cantabria y Castilla y León.

“España necesita que el lobo sea protegido ahora”, señaló Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), el colectivo que inició en octubre de 2019 el procedimiento administrativo para proteger toda la población ibérica de la especie, incluyéndola en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “vulnerable” o, en su defecto, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Ascel criticó al Gobierno por presentar una propuesta que permite “que continúen las matanzas y los controles de lobos, sin sentido ni resultado, ni amparo legal”, en lo que califico de “una vergüenza nacional, que cuestiona la supervivencia de la especie”. Resaltó que una estrategia nacional “no la pueden dictar comunidades, como Castilla y León, con su plan de gestión del lobo anulado definitivamente en los tribunales, por acción de Ascel”. Y exigió atender al Comité Científico, y no plegarse “ante quienes reclaman el sinsentido histórico de que una especie protegida sea cazada en España”.

“El Ministerio no se puede acobardar, negando lo evidente, y renunciando a defender la biodiversidad en España, su misión y su papel en nuestro marco legal”, apuntó Ascel, que lanzó una advertencia: “El Ministerio, o está con el dictamen unánime del Comité Científico (el lobo ha de estar en el Listado, y no se puede cazar) o es cómplice de la continuidad de la muerte irracional de lobos, imprescindibles para nuestra salud ambiental”.