El centro de mayores de La Saleta Conarda, en la Pobla de Vallbona y la residencia Savia, en Lliria, son los dos últimos lugares en el que se está notando el efecto de la pandemia del coronavirus en Valencia entre los más mayores. Entre ambas instalaciones suman 180 contagios conocidos -que podrían aumentar en las próximas horas con los análisis al personal- y tanto estos centros como las diferentes entidades públicas siguen trabajando para lograr encontrar no solo el origen del brote, sino también conocer cómo estos se desarrollaron y reforzar en la medida de lo posible al personal afectado.
En esta última línea se manifestaba ayer, en declaraciones a la Ser, el alcalde la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, quien destacaba que tanto la empresa de la residencia donde se localiza el brote de coronavirus como su consistorio intentan encontrar empleados de otras compañías que puedan sustituir a los trabajadores, especialmente de la limpieza, que se han puesto de baja. Esta labor, como apuntaba, está siendo difícil porque todas las empresas, asegura, «se encuentran desbordadas».
Con respecto al origen de la situación, García señalaba a Levante-EMV más tarde que el ayuntamiento ha ofrecido su voluntad de colaborar en lo que sea necesario y que lo principal ahora es que se pueda saber qué sucedió para que apareciera el brote.
Desinfección en la residencia de Llíria
Por otro lado, en Llíria, fuentes de Emergencias confirmaban un plan de contingencia con los bomberos forestales con medidas de desinfección para el centro, como ha sucedido en otros casos.
«Los protocolos genéricos no sirven, necesitamos unos específicos». Es la reclamación que hace el personal del Ivass (Institut Valencià d’Atenció Sòcio-Sanitària) tras los brotes detectados en los centros de diversidad funcional de Ontinyent, Manises y Elx que en los tres casos superan la veintena de positivos.
UGT protesta porque varias empleadas se enteraron de su positivo de covid mientras trabajaban, un hecho que para el sindicato mayoritario supone «un incumplimiento del protocolo» al seguir en el puesto tras haberse detectado un positivo en el centro y haberse realizado una PCR.
La Conselleria de Igualdad, sin embargo, señala que no existe tal incumplimiento porque la obligación de la cuarentena solo es para los contactos estrechos y en ese caso, «la dirección del centro pidió PCR para ser garantistas, esas personas podían seguir trabajando si no eran contacto estrecho».
Esta justificación es la que enciende la mecha del personal del Ivass, que reclama un nuevo protocolo que «se ajuste a la realidad de los centros de diversidad funcional». Según indican desde UGT, en estas residencias «no existe la distancia social porque las personas a las que atendemos no la entienden, necesitan que estemos cerca. Si no, ¿cómo les damos de comer? ¿cómo les bañamos?». Hablamos de personas con una alta dependencia que tampoco portan mascarilla.
«Puede ser que estrictamente sí que se cumplan los protocolos, pero tendrían que pisar tierra y ver con todos los positivos que esos no valen», se quejan estas fuentes, que piden a todos los departamentos «sentarse y buscar una solución realista».
