El juez embarga la fábrica de tomate de Caturla y exige una fianza a sus hijos

Por estos mismos hechos, el magistrado también ha decidido, a petición de la Fiscalía Anticorrupción crear una pieza separada para investigar estos hechos por los que, por ahora, el exdirigente del PP de la provincia de València Estilo Kiki SL, como persona jurídica, son los únicos investigados. Aunque el juez del caso Taula también ha exigido una fianza de 148.500 euros a sus tres hijos, la cantidad que los tres recibieron de Máximo Caturla y que destinaron a una ampliación del capital social de Estilo Kiki SL.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determinaron en un informe, entregado el pasado 5 de junio, que Máximo Caturla «conocedor por noticias de prensa de que estaba siendo investigado» en el caso Taula «que afectaban a su trayectoria directiva tanto en el Partido Popular a nivel provincial y más tarde como secretario autonómico de Educación y consejero delegado de la empresa pública Ciegsa» realizó determinadas operaciones inmobiliarias y de crédito ya que «podía prever que en el transcurso de la causa sus bienes podían ser objeto de embargo, ejecución y apremio». Así que medio año antes de ser detenido en el caso Taula el 26 de enero de 2016, Caturla contrató a un despacho de abogados, cambió de móvil y se deshizo de propiedades inmobiliarias, acciones y vehículos históricos que coleccionaba, además de realizar préstamos presuntamente ficticios con la mercantil familiar.

Unas operaciones que hizo para «salvar a la empresa familiar de tomate frito» ya que, tras estallar la causa de corrupción, no conseguía financiación, según declaró a los investigadores del caso Taula durante su declaración el pasado 19 de octubre. Caturla también decidió poner al frente de la mercantil Estilo Kiki a uno de sus hijos, quien ideó «una reestructuración» para reflotar la mercantil.

Unos hechos que, para el titular del Juzgado de Instrucción 18 «presentan indiciariamente carácter delictivo, pudiendo ser constitutivos de delito de frustración de la ejecución» del inminente embargo de los bienes que se avecinaba con su detención el 26 de enero de 2016 y que conllevó, dos días después, «el embargo de bienes y derechos suficientes para cubrir la suma de 2 millones de euros, en la que se fijaba su posible responsabilidad civil que pudiera exigirse en la causa».

Bienes inmuebles

Aunque para entonces, Caturla ya había vendido una vivienda en Dénia (307.000 euros), una nave industrial (240.000 euros), realizado un préstamo hipotecario sobre la finca La Corona y donado las participaciones de Estilo Kiki SL a sus tres hijos, aunque reservándose «el usufructo de 72.432 participaciones de las 81.972 objeto de donación».

Unos actos que para el juez suponen indiciariamente «una minoración patrimonial de bienes raíces o realizables en el patrimonio de Máximo Caturla» que «parecen orientados a desviar de su patrimonio bienes, titularidades y dinero a favor de una tercera entidad, Estilo Kiki SL, cuyo entramado personal es íntegramente familiar».

Por ello, el embargo preventivo de la empresa supone la prohibición judicial de «disponer de los bienes de titularidad de la sociedad Estilo Kiki SL, que deberá ser objeto de anotación preventiva en el registro de la propiedad» y la «prohibición de disponer de todas las participaciones sociales» de la empresa.

Los tres hijos de Máximo Caturla también deberán depositar fianza por «los importes respectivos de de 40.863, 73.173 y 73.173 euros» ante el juzgado en un plazo de cinco días «bajo apercibimiento de proceder al embargo de bienes suficientes para cubrir dicha responsabilidad». El auto en el que se toman estas decisiones no es firme y puede recurrirse ante el juzgado y la Audiencia.